Vinculación Académica Internacional con la Universidad Militar Nueva Granada; Bogotá, Colombia

  • La Dra. María Guadalupe Sánchez Trujillo, Profesora Investigadora de la Facultad de Derecho, participa como Conferencista en el XVI Congreso Internacional de Derecho Público y V Encuentro del Instituto Latinoamericano de Historia del Derecho

 

Resumen de la ponencia presentada por la Dra. María Guadalupe Sánchez Trujillo, profesora investigadora de la Facultad de Derecho de la Universidad Anáhuac Mayab.

Lo que está pasando en México desde hace un par de décadas (y posiblemente más) a la fecha (autoritarismo disfrazado de democracia, corrupción gubernamental desbocada, criminalidad organizada institucionalizada y otros males), nos recuerda otros escenarios latinoamericanos.

Por ejemplo, en 2008 se conoció que la Comisión Federal de Electricidad (CFE), había perdido 232 juicios en el noreste del País y de los cuales el 97% no fueron recurridos (sus sentencias). En este asunto, se habla de la implicación de varios y funcionarios de la empresa paraestatal. (Periódico El Mundo.es, 2011)

Al respecto, el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Sergio Valls Hernández, declaró que “puede haber algunos servidores públicos del Poder Judicial de la Federación que incurran en conductas impropias, aún coludidos con el crimen organizado”. (Periódico El Universal, 2008)

Entre 1995 y 2013 el Consejo de la Judicatura Federal del Poder Judicial Federal, ha sancionado a 1,147 servidores públicos, de los cuales: 276 son magistrados, 399 jueces de distrito, 87 secretarios de tribunal, 95 actuarios judiciales, 25 defensores públicos, 65 oficiales judiciales. (V. Contralinea.info, 2012; CJF-SCJN, 2012; CJF-SCJN, 2013)

Las sanciones consistieron en: apercibimientos privados, amonestaciones privadas, apercibimientos públicos, amonestaciones públicas, suspensiones, inhabilitaciones y destituciones.

Las causas de las sanciones fueron, entre otras: falta de profesionalismo, deficiencia en el servicio encomendado, falta de respeto y rectitud, incumplimiento del servicio público, por notorio descuido, por obtener beneficios adicionales a las contraprestaciones que por el desempeño del cargo se perciben.

El clima de descomposición en el que se ve envuelto el Poder Judicial Mexicano genera inseguridad jurídica e incertidumbre en el hombre común que en la mayoría de los casos,  veía en los jueces a un personaje de calidad social.

La hipótesis que aquí se sostiene es que de continuar invocando el paradigma de la ética judicial sin mayor respaldo, para lograr que los impartidores de justicia cumplan a cabalidad con su labor, terminará por erosionarse la institución del Poder Judicial dando al fracaso con cualquier ideal del Estado de Derecho fundamentado en los derechos humanos, pues si bien es cierto que como valor del juzgador es necesaria la ética judicial, también lo es que debe sustentarse en el principio de la responsabilidad legal; sólo así es posible construir un Estado de Derecho de los derechos humanos.

En este trabajo se buscó responder a las preguntas: ¿Cuál es la dogmática detrás del paradigma de la ética judicial como garante del Estado de Derecho fundamentado en los derechos humanos y sus alcances? ¿Cuál es la dogmática detrás del paradigma de la responsabilidad legal del juzgador como garante del Estado de Derecho fundamentado en los derechos humanos y sus alcances?

Vinculación Académica Internacional con la Universidad Militar Nueva Granada; Bogotá, Colombia Vinculación Académica Internacional con la Universidad Militar Nueva Granada; Bogotá, Colombia Mtra. Claudia G. Somovilla (Buenos Aires, Argentina), Dr. Andrés Botero Bernal (Colombia) y Dra. Ma. Gpe. Sánchez Trujillo, (Mérida, Yuc., México)

Mtra. Claudia G. Somovilla (Buenos Aires, Argentina), Dr. Andrés Botero Bernal (Colombia) y Dra. Ma. Gpe. Sánchez Trujillo, (Mérida, Yuc., México)

Vinculación Académica Internacional con la Universidad Militar Nueva Granada; Bogotá, Colombia